Los jueces han de tener en cuenta, entre otras variables, la capacidad económica de la empresa.
El pasado 16 de mayo hacíamos referencia a la entrada en vigor en el Reino Unido, el pasado 1º de febrero, de las nuevas directrices para los jueces a la hora de redactar sentencias sobre cuestiones de salud y seguridad.
Ahora los jueces (en el Reino Unido no hay sanciones administrativas) han de graduar las multas no solo en función del daño real o potencial causado, sino también teniendo en cuenta la capacidad económica de la empresa, algo que antes hacían en algunos casos de motu propio pero que ahora es obligatorio.
El resultado, está siendo un diluvio de sanciones descomunales para las grandes empresas, que en otras latitudes se preocupan poco por el importe de las multas que para ellas son apenas cosquillas pero que pueden hundir en la miseria a las pequeñas empresas. Veamos algunos ejemplos.
Balfour Beatty, una gran constructora, ha sido multada con 2,6 millones de libras (unos 3 millones de euros) tras la muerte de un empleado de una subcontrata en el colapso de una zanja de 2,4 metros de profundidad sin ninguna clase de medida preventiva
McCain, la gigantesca multinacional que produce alimentos congelados ha sido multada con 800.000 libras (alrededor de un millón de euros) por un accidente en el que uno de sus empleados sufrió el atrapamiento de un brazo en una máquina mal protegida. Aunque los médicos lograron salvar el brazo, el accidente ha limitado la movilidad de la mano del trabajador. Se demostró que la evaluación de riesgos realizada por la empresa no había contemplado la posibilidad del accidente que realmente ocurrió. En el ejercicio anterior la empresa había tenido un beneficio antes de impuestos de 63,7 millones de libras.
La empresa Watling Tyre Service Limited, una empresa dedicada a la reparación de neumáticos, fue multada con un millón de libras después de que un trabajador de 21 años muriera debido a la explosión de un neumático que estaba reparando. El trabajador era un autónomo contratado para hacer el trabajo para el que no contaba ni con las herramientas ni con la formación necesaria para realizar el trabajo que se le había encargado.
Finalmente Scottish Power, una central térmica, ha sido condenada a pagar 1,75 millones de libras (algo más de dos millones de euros) después de que un trabajador quedase inválido tras sufrir graves quemaduras que se produjo por la fuga de agua caliente producida en una válvula defectuosa. Las autoridades calificaron de desastroso el estado de la seguridad de la planta, que actualmente se encuentra cerrada. La multa, incialmente fijada en 2,5 millones de libras fue rebajada a la cifra citada porque la empresa aceptó desde un principio su culpabilidad. A la sanción administrativa debe añadirse una indemnización «sustancial» de importe no revelado que la empresa ha abonado al empleado. Y las costas, que suelen situarse entre el 5 y el 10% de la multa.