En enero dos guardas rurales de Lleida fueron asesinados por un cazador furtivo. El sector lleva años denunciando la escasez de medios y la falta de seguridad. Muchas veces trabajan solos, desarmados y aislados.
Controlan la caza furtiva, persiguen a las mafias recolectoras de setas, denuncian los delitos ambientales o vigilan y se enfrentan a incendios forestales, muchas veces echando mano tan sólo de una libreta y un lápiz. Los 6.000 agentes rurales que existen en España llevan más de diez años denunciando la carencia de medios y de seguridad con la que se enfrentan a su trabajo diario, pero nunca habían sido escuchados.
Ahora, el asesinato de dos compañeros a manos de un cazador sin licencia el pasado enero en Lleida ha conseguido que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se decidiera por fin a recibirles y se comprometiera a estudiar sus propuestas para una Ley Básica Estatal de la Policía Medioambiental.
Aunque los asesinatos de agentes forestales son hechos muy aislados (el último que se recuerda fue hace 30 años en Asturias), a nadie en el sector le sorprende lo sucedido en Lleida.
“No creo que se encuentre a un solo agente forestal que no haya sufrido algún tipo de agresión física o verbal”, asegura en conversación con este diario Alejandro Rodríguez, coordinador de Agentes Forestales de Comisiones Obreras.
Rubén Cabrero, presidente de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (AEAFMA) coincide en que “las amenazas son un goteo continuo”. “Palizas, agresiones con palos, intentos de homicidio, encañonamientos, coches calcinados, pintadas, insultos… hay de todo”.
En el último año, la Asociación lleva registradas unas 25 agresiones a agentes forestales, asegura. Una cifra que seguramente se quede corta, porque no existen estadísticas oficiales de denuncias ni las administraciones documentan los ataques. La Asociación que preside Cabrero empezó a contabilizarlas hace un año y medio para darles visibilidad, “pero la mayor parte no nos llegan”, advierte. CCOO recuerda que la falta de registros afecta a la hora de valorar los riesgos laborales de los funcionarios.
El riesgo aumenta sobre todo ante los cazadores ilegales, porque van armados, pero desde el sector denuncian que las amenazas vienen de todas partes, desde los propietarios de fincas hasta un paseante que corta madera del bosque para llevársela a casa.
“Cualquier agresión a un policía o a un Guardia Civil se entiende como un atentado a la autoridad, pero en nuestro caso no ocurre así”, asegura Rodríguez.
Originalmente el cuerpo de agentes forestales iba armado, pero cuando en 1983 las competencias medioambientales se transfirieron a las comunidades autónomas, se fueron rebajaron los medios defensivos de los agentes. Hoy por hoy, sólo los guardabosques de La Rioja llevan armas cortas. La Generalitat de Catalunya acaba de aprobar, tras el asesinato de los dos guardas, un nuevo protocolo que permite el uso de armas largas a las unidades antifurtivismo y les dota de chalecos antibalas. También pasarán de patrullar en parejas a hacerlo en grupos de tres.
En su reunión con el ministro Zoido, AEAFMA ha pedido una modificación del reglamento de armas y de los automóviles en los que se desplazan los agentes en servicio, para que sean considerados como vehículos policiales. CCOO apunta también que la regulación del uniforme es confusa y no ayuda a que sean identificados como autoridad.
“En el campo también se producen robos, delitos, asaltos… y no es normal que no tengamos medios”, dice Cabrero, que matiza que no están pidiendo armas para la totalidad del colectivo, sino para determinados supuestos.
Aunque depende de cada comunidad autónoma, en muchos casos los agentes trabajan solos y aislados en zonas donde se tarda entre dos o tres horas en llegar. Además, la regulación medioambiental se ha ido incrementando con los años, y con ella las funciones a realizar, mientras que el número de agentes se ha visto reducido por los recortes presupuestarios. El sindicato denuncia que, como otros servicios públicos, este también se está privatizando.
Antes de la crisis había unos 6.500 agentes, ahora ya son menos de 6.000. Rubén Cabrero asegura que haría falta el doble para cubrir todos los servicios.
“Hay agentes trabajando solos un fin de semana, que es cuando más gente hay”, dice. “A veces cuando estás solo te ves forzado a mentir y si pillas a un infractor le dices que hay otro compañero de camino. O si me toca un servicio de noche, directamente no se me ocurre salir a vigilar el furtivismo”, confiesa por su parte Rodríguez.
Ambos señalan a las administraciones como responsables de la falta de medios y de formación en técnicas de defensa personal y en prevención de riesgos laborales y denuncian también coacciones y presiones por parte de estas para que no se conozca la situación.
“A lo mejor lo que quieren nuestras administraciones es que no hagamos ese trabajo, piensas que están del lado de los furtivos, porque no puedes sacar otra conclusión”, zanja Rodríguez.
Izquierda Unida presento el 10 de febrero una iniciativa en el Congreso para instar al Gobierno a poner poner en marcha una mesa de negociación entre la Administración y los sindicatos sobre el trabajo de los agentes forestales y evaluar los riesgos a los que se expone el colectivo.
Fuente: Publico.
Tema: Riesgos Laborales.
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