La muerte en 2012 de dos trabajadores encargados del mantenimiento de los túneles de la M-30 no tendrá ninguna consecuencia económica para las empresas concesionarias de este servicio público. Y eso a pesar de que, según la investigación interna realizada en el Ayuntamiento de Madrid, el accidente se produjo bajo un «incumplimiento grave de las medidas de seguridad» previstas en su adjudicación.
Los responsables Emesa (sociedad privada compuesta por ACS y Ferrovial encargada de la conservación del anillo distribuidor de la carretera de circunvalación) «ocultaron información del deficiente estado de los sistemas de protección contra incendios» hasta el siniestro que le costó la vida a dos personas, según consta en la Auditoría Ciudadana Municipal realizada por el Gobierno de Manuela Carmena. «A pesar de que se les ha abierto un expediente grave, no podrán ser multadas ya que han pasado más de tres años desde dicho quebranto del contrato, con lo que los plazos de prescripción de infracciones y sanciones se han superado», señala el informe encargado por el Área de Economía y Hacienda del Consistorio.
La tarde del 26 de octubre de octubre de 2012 dos trabajadores se vieron atrapados por las llamas en el by pass entre el estadio Vicente Calderón y la A-3 tras iniciarse un fuego en el sistema eléctrico de emergencia del túnel. Cuando los bomberos se desplazaron al lugar de los hechos pudieron localizar a los hombres, ambos habían fallecido ya por inhalación de humo.
El Ayuntamiento dirigido desde 2015 por Ahora Madrid decidió el pasado mes de noviembre iniciar seis expedientes de penalidades a Madrid Calle 30 -la empresa mixta compuesta por el Consistorio y Emesa- por la presunta malversación de 22 millones de euros de las arcas locales. Entre ellos se encontraba el abierto por las carencias detectadas en el sistema de protección contra incendios en los cuartos técnicos de la autopista municipal «evidenciadas en los informes de la Policía» a raíz del accidente.
«Parte de las aplicaciones contempladas para el centro de control de la infraestructura no fueron implementadas, pero sí abonadas en la ejecución del proyecto inicial; entre ellas, la activación de los sistemas de ventilación ante un episodio de fuego en el túnel», señala el avance preliminar de la auditoría hecha pública esta semana.
En sus conclusiones se apuntan nuevos indicios de irregularidades en esta carretera realizada durante el mandato del popular Alberto Ruiz-Gallardón, que costó 1.632 millones de euros más de lo previsto inicialmente. Entre ellas, que existen partidas de las obras por importe superior al millón de euros «justificadas únicamente en una página y con presupuestos totalmente ambiguos y vacíos de contenido».
Asimismo, se señala que la M-30 es una «vía pública que no tiene contenido económico susceptible de ser explotado por empresarios particulares». «La gestión indirecta en la modalidad de empresa mixta que se llevó a cabo eludió la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas», afirma el informe fiscalizador.
«Se han detectado trabajos comprometidos y cobrados por la empresa que no han sido efectivamente realizados, muchos de los cuales han derivado en los expedientes sancionadores iniciados por el Ayuntamiento», abunda el apartado de la auditoría dedicado a Emesa. «Un ejemplo lo conforma el mantenimiento de unas supuestas 10 estaciones meteorológicas por el que se han pagado 1,5 millones de euros a pesar de que en realidad sólo existe una única estación que cuesta en torno a 800 euros», subraya.
Fuente: El Mundo.
Tema: Riesgos Laborales.
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(Bilbao – Bizkaia)