Siete exdirigentes de la actual Orange, acusados de imponer un sistema que llevó a una ola de suicidios hace una década.
El caso estalló hace diez años, cuando un empleado de France Télécom de Marsella, que se suicidó en julio de 2009, acusó en su nota de suicidio a la compañía de ser la causante de su muerte y denunció una «gestión (de empresa) basada en el terror».
Es un juicio a siete personas y una empresa concreta por sus decisiones durante un periodo determinado, pero lo que está en juego en el proceso de France Télécom, que ha empezado esta semana, es mucho más. Puede determinar cómo, en el futuro, las grandes empresas tratarán a sus empleados.
Entre 2007 y 2010, una ola de suicidios en la compañía telefónica abrió el debate sobre los efectos de algunos métodos de gestión de personal en la salud mental de los trabajadores. Los antiguos responsables del viejo monopolio público de las telecomunicaciones en Francia, hoy Orange, comparecen ante el Tribunal Correccional de París bajo la acusación de “acoso moral”.
Se juzga un sistema y no los actos.
La originalidad es que se juzga un sistema y no los actos perpetrados por una persona contra otra, como es habitual en los casos de acoso moral. El mero hecho de que el proceso tenga lugar ya puede haber llevado al mundo de las empresas a “ver el riesgo y el peligro”, dice Eric Beynel, portavoz del sindicato Solidaires, “pero no se han dado respuestas de fondo sobre lo que ocurre en el lugar de trabajo”.
“Se han centrado en los efectos, con grupos de calidad de vida en el trabajo, o de bienestar en el trabajo, con teléfonos SOS psicológico”, dice este sindicalista. “Pero no han abordado las causas profundas. Si no, no seguiría habiendo hoy un gran número de suicidios ligados al trabajo”.
Contexto específico.
El sistema de acoso ocurrió en un contexto específico. France Télécom acababa de privatizarse. La competencia era enorme. Los clientes de líneas fijas se derrumbaban. Una buena parte de los 120.000 empleados tenían el estatuto de funcionarios, lo que dificultaba los despidos. Los dirigentes de la compañía, con el director general Didier Lombard a la cabeza, adoptaron medidas drásticas. El objetivo era suprimir 22.000 empleos.
Método: desestabilizar a los empleados.
El método, según los magistrados, consistía en desestabilizar a los empleados creando un ambiente de inseguridad para forzar su salida. Las juezas de instrucción sostienen que estas políticas “implicaron o acentuaron en un buen número de asalariados un sufrimiento cuyas manifestaciones adoptaron formas diversas, la más dramática de las cuales fue el paso al acto suicida”.
39 víctimas.
Entre las 39 personas reconocidas como víctimas en el caso France Télécom, 19 se suicidaron, 12 lo intentaron y ocho sufrieron depresión. Pero se han descartado los cargos de “homicidio involuntario” o de “puesta en peligro de vida ajena”, que habría supuesto un vínculo directo entre las decisiones de los jefes de la telefónica y la ola de suicidios. También habrían expuesto a penas más graves a los acusados, que finalmente afrontan la acusación de acoso moral, tipificada en el artículo 222-33-2 del Código Penal francés.
Según este artículo, el acoso moral consiste en “acosar a otra personas con palabras o comportamientos repetidos que tengan por objeto o efecto una degradación de las condiciones laborables susceptible de atentar contra sus derechos y a su dignidad, alterar su salud física o mental o comprometer su futuro profesional«. Los encausados se exponen a hasta un año de prisión y 15.000 euros de multa.
Proceso inédito.
“Como es un proceso inédito (…) la cuestión es qué precedente creará”, dice Loïc Lerouge, investigador en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas y especialista en el derecho de la salud en el trabajo. “Si se reconoce penalmente el acoso institucionalizado, las grandes empresas, en el marco de sus planes de reestructuración y reorganización, deberán integrar este parámetro. Si hay una exoneración, quizá los planes de reestructuración podrán seguir sin integrar la salud mental de los asalariados en su puesta en marcha”.
¿Fundamento jurídico?.
Lerouge tiene dudas sobre el fundamento jurídico por el acoso moral institucionalizado y organizado, y no entre personas con nombres y apellidos. “En Francia no se reconoce un sistema organizado de acoso, sino que estamos en el terreno de las relaciones individuales, interpersonales”, explica. «Si los jueces reconocen este tipo de acoso, lo cambiará todo«.
En la lista de muertos, que el diario Le Monde enumera, figura André Amelot, de 54 años, que se ahorcó; Camille Bodivit, de 48, que se lanzó de un puente; Anne-Sophie Cassou, de 42, que ingirió un cóctel de medicamentos y alcohol; Corinne Cleuziou, de 45, que también se ahorcó; o Rémy Louvradoux, de 56, que se inmoló ante una sede de la empresa en Burdeos.
Se juzga el método.
No se juzgan los planes de reestructuración puestos en marcha por Lombard, su número dos Louis-Pierre Wernes y el director de recursos humanos Olivier Barberot, entre otros, sino el método. También se sienta en el banquillo la empresa France Télécom como persona moral.
A Lombard se le atribuye la siguiente frase durante una reunión de directivos en 2006: “Haremos las reducciones de una manera u otra, por la ventana o por la puerta”. También se le reprocha haber minimizado los suicidios en France Télécom diciendo que fueron “una moda”.
Efecto Werther.
Al comparecer el martes ante el tribunal, Lombard dijo que había querido decir “ambiente de suicidio” —mood en inglés— y no «moda de suicidio«, y se refirió al llamado efecto Werther, según el cual la publicidad de los suicidios tiene un efecto de imitación. En un mensaje leído, dijo:
“Es evidente que algunas medidas de ayuda a la transformación [laboral de los afectados] no estaban adaptadas para algunos y renuevo la expresión, para las víctimas y sus familias, de mi sincera y profunda tristeza porque esta situación haya podido involuntariamente contribuir a fragilizar a algunos de entre ellos hasta el punto de cometer un gesto irremediable, lo que me resulta insoportable”.