Dos condenados por la muerte de un trabajador se libraron de la cárcel porque la juez se olvidó de ejecutar una sentencia.
La sevillana Sonia R. V. tiene 41 años y acaba de recibir el segundo mazazo de su vida. Seis folios que incluyen una cifra: 5.000 euros. Es la compensación que esta madre de dos menores cobrará del Estado por el grave error judicial que dejó en libertad a los dos condenados por la muerte de su marido. “Me dijeron que la Justicia era lenta pero justa. Ya no sé qué pensar…”, concede Sonia por teléfono.
Diciembre de 2000. El esposo de Sonia, Manuel Vicente, de 26 años, fallece tras caer de una altura de diez metros. Trabajaba en una nave industrial de Sevilla. El Juzgado de lo Penal número 5 de la capital andaluza condena a los dueños de la compañía Secour por el accidente. La sentencia impone a los patronos, los hermanos Francisco José y Juan Jaime Rodríguez, 15 meses de prisión y una indemnización de 210.000 euros (150.000 para Sonia y 60.000 para la madre del fallecido). La firma carecía de seguro contra accidente mortal.
Los empresarios recurren sin éxito el fallo. Y, con la resolución firme, llega la negligencia. La juez se olvida de enviar a prisión a los condenados. Ignora las seis peticiones del abogado de Sonia, Aurelio Garnica. Y no ejecuta la sentencia. Cuando quiere hacerlo, ya no es posible. La ley no lo permite. El plazo de cinco años ha pasado. El sumario había acumulado polvo en el juzgado durante siete. “Nunca hablé directamente con la juez”, reconoce Sonia.
Lo que más le duele a esta mujer que encajó la mayor cornada de su vida diez meses después de su boda fue la actitud de los jefes de su marido. Sostiene que los Rodríguez quisieron quitarse de en medio tras el siniestro. Cerraron la empresa del accidente, Secour, por una supuesta quiebra. Y abrieron otra con un nombre distinto. Sonia lo sabe porque contrató a una agencia de detectives para rastrear los manejos de quienes fueron los empleadores de su marido.
Uno de los condenados, además, firmó una separación de bienes. Traspasó el patrimonio a su esposa. No quería pagar la indemnización. Sonia denuncia que tampoco cobró los 3.000 euros que le adeudaban a su marido por nóminas atrasadas. “El puesto de trabajo era muy precario”, recuerda.
Los hermanos Rodríguez desplegaron sus tretas para no entrar en prisión. Alegaron que nunca ordenaron a su trabajador que se subiera con un elevador a la cubierta de la nave industrial de Sevilla donde falleció tras caerse al ceder una estructura de uralita. Manuel Vicente llevaba arneses pero no cuerdas para sujetarse. “Llegaron a decir [los patronos] que mi marido estaba haciendo horas extra por la tarde por su cuenta y sin cobrar”, explica la esposa de la víctima.
Los Rodríguez fueron condenados en abril de 2004 a sendas penas de un año de cárcel por homicidio imprudente y a tres meses por un delito contra los trabajadores. Recurrieron sin éxito la sentencia a la Audiencia de Sevilla. El tribunal confirmó la pena. Y remitió las diligencias al juzgado de lo penal para que ejecutara la resolución.
El juez ordenó en 2012 el ingreso en prisión de los dueños de Secour. Pero los empresarios no llegaron a pisar la cárcel. Tampoco desembolsaron la indemnización de 210.000 euros. El abogado de los condenados expuso que se había superado el plazo de cinco años para ejecutar una sentencia. Y así fue.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que es como se denomina el máximo órgano de gobierno de los jueces, dio la razón a Sonia. Pero con eso se quedó. La institución reconoció que se había producido un “funcionamiento anormal de la justicia”. El espaldarazo sirvió de poco. El CGPJ carece de competencias para sancionar este tipo de errores.
Tras 17 años de odisea en los tribunales, el último golpe de Sonia llegó el pasado 16 de abril. Tenía forma de carta. Una misiva firmada por la directora general de Relaciones con la Administración del Ministerio de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés. El sobre contenía la respuesta a la reclamación patrimonial presentada por Sonia en noviembre de 2014 a cuenta del error judicial.
Por consejo de su abogado, la viuda fue cauta. Pidió 10.000 euros a Justicia. Solo cobrará 5.000. Puede considerarlo un éxito. El Ministerio de Rafael Catalá barajó concederle 3.000, según la misiva. El texto menciona el artículo 121 de la Constitución. Aquel punto que dice que el Estado deberá indemnizar a las víctimas de los errores judiciales.
Sonia R. V. desea olvidar. En 2009 perdió el rastro de los jefes de su marido. «Quiero pasar página”, concluye.
Fuente: El País.
Tema: Riesgos Laborales.
Precoin Prevención SL
(Bilbao)