En España se calcula que uno de cada cuatro muertos por el virus vivía en una residencia.
Un mensaje común se repite en los geriátricos: “Se ha reaccionado muy tarde, el mal ya está hecho”.
Son los más vulnerables y al mismo tiempo, los más desprotegidos. En los diferentes frentes abiertos para combatir el coronavirus hay un flanco al que apenas se ha defendido en esta batalla. Es el batallón de los grandes olvidados: los usuarios de las residencias.
El drama que se vive en esos centros, la mayoría abandonados a su suerte, tendrá que ser explicado, y con mucho detalle, algún día. Hoy la falta de información es tal, que resulta imposible saber cuántos ancianos ingresados en geriátricos de España han muerto por la Covid-19.
Algunos recuentos hablan de más de tres mil fallecidos. Otras investigaciones auguran que uno de cada cuatro muertos hasta ahora en España (y ya se pasa de los 10.000 fallecidos) vivía en un asilo.
Cara factura en vidas.
Es como si las administraciones, todas, dieran por hecho –sin verbalizarlo, eso sí– que la cara factura en vidas que esta pandemia se cobra entre la gente mayor fuera el menor de los males de esta pandemia. Una postura, salvando las distancias, que no variaría demasiado del mensaje de Donald Trump, quien se daría por satisfecho si se supera esta crisis con 250.000 muertos (sabiendo que la mayoría será gente mayor).
O las iníciales declaraciones de Boris Johnson, cuando anteponía economía a muertes y comunicó a los británicos que tenían que prepararse para asumir que este virus mataría a muchos de sus seres queridos. Los más vulnerables, claro.
Otros países, como Bélgica u Holanda, han sido más claros en el discurso político. Los belgas aconsejan que se deje morir a los ancianos en las residencias para no saturar los hospitales.
En Holanda se ha estimado que en estos momentos sería un gran error tratar de salvar a gente mayor a cualquier precio. Y en Francia o Alemania el drama de las residencias es como si no existiera.
En esos países los ancianos muertos en geriátricos no constan en sus listas de víctimas por la Covid-19. Aunque Francia enmendó anoche ese olvido e informó de la muerte de casi mil ancianos en sus geriátricos.
Pasividad e inacción.
“La pasividad e inacción de las administraciones con la gente mayor ingresada en asilos ha sido de escándalo”. El mensaje que se repite con independencia de la comunidad autónoma a la que se llame. El propio Quim Torra, president de la Generalitat, reconoció ayer que ha habido fallos a la hora de informar sobre el tema. Prometió que esto iba a cambiar. La consellera de Salut, Alba Vergés, anunció por su parte que permitirán la salida de residencias de usuarios, sin hacer el test, si sus familiares piden llevarlos a casa.
Ahora todo son prisas. La opacidad (si no es desconocimiento de las propias administraciones) a la hora de facilitar cifras fiables de la factura que la Covid-19 se ha cobrado en las residencias sigue siendo la misma, pero algunos políticos empiezan a mover ficha en otros frentes.
En Madrid se ha asumido ya la gestión de una veintena de residencias y se ha iniciado, aunque sea a cuentagotas, el reparto de material de protección al personal que atiende a esos ancianos.
En Catalunya se van distribuir equipos por valor de 1,7 millones de euros, asegura Afers Socials. La Generalitat ha empezado a trasladar, asimismo, a usuarios de siete residencias de Barcelona a clínicas de mutuas. También se ha puesto en marcha un plan para reubicar a 140 ancianos en Girona.
Sin respuesta del Gobierno.
Medidas que se aplauden desde los geriátricos. “Pero todo esto llega demasiado tarde”, sentencia Juan Vela, presidente de Lares, federación que tiene repartidas por España un millar de geriátricos sin ánimo de lucro con 54.000 usuarios. Esta entidad ha enviado –la primera, el 13 de marzo– dos cartas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alertando del drama de los geriátricos. “Sin respuesta”, se asegura desde Lares.
En esas misivas se presagiaba que el virus iba a colarse en esos centros de mayores y que, sin medios para combatirlo, iba a quedarse allí. Es lo que ha pasado. Hay miles de ancianos, por no decir decenas de miles, contagiados y se da por hecho que la cifra de óbitos entre esos usuarios no ha llegado, ni de lejos, a su particular pico.
Llamadas de Auxilio.
Desde las residencias hace días, por no decir semanas, que se lanzan llamadas de auxilio. Los gestores de esos centros fueron los primeros en advertir que sus instalaciones “son hogares, no hospitales”, sin protocolos ni medios para proteger o aislar a los usuarios para protegerlos en una pandemia de estas características.
La sorpresa en muchos de estos centros es que ahora reciben visitas de inspectores de Sanidad –área que tenía que facilitarles medios para protegerse– para constatar si están haciendo bien las cosas.
Datos alarmantes.
Los datos facilitados por las comunidades más transparentes con este drama son alarmantes. Una información publicada ayer por El Norte de Castilla revela, según datos de la Junta de Castilla y León, que el 92,5% de las personas muertas (641) en esa comunidad por la Covid-19 son de residencias.
La Comunidad de Madrid –con casos dramáticos constatados– hacía más de una semana que no informa sobre lo que ocurre en sus geriátricos. Eso cambió ayer. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, desveló en una entrevista en la Ser que desde el inicio de la crisis han muerto en esa autonomía alrededor de 3.000 usuarios de residencias.
El triple de los 1.065 fallecidos reconocidos hace siete días. Aunque Ayuso volvió a repetir que es imposible saber cuántos de esos óbitos han sido por la Covid-19.
Conociendo el sector de las residencias no tendría que extrañar este baile de cifras con la factura que el virus se está cobrando entre los ancianos. Saber cuántos de estos centros hay en España y plazas para usuarios es también complicado.
Un informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) y Envejecimiento en Red se apunta fiable. Aclara, eso sí, que sus datos “son una aproximación”. En España habría alrededor de 5.500 geriátricos (casi 3.900 son privados) y ofertarían cerca de 373.000 plazas.