La vista se desarrolló ayer en Donostia, donde las partes llegaron a un acuerdo en cuanto a la responsabilidad penal, pero no en la civil.
Un año de prisión por un delito de homicidio imprudente y nueve meses más de cárcel por otro contra el derecho a los trabajadores. En total, 21 meses de privación de libertad. Es la pena impuesta ayer al gerente de la desaparecida empresa Aballa S.L., una compañía que fue subcontratada por la UTE que ejecutaba las obras del corredor viario Beasain-Durango, que fue juzgado ayer en Donostia por la muerte hace tres años en un siniestro laboral del trabajador Iñaki Alkorta Retegi, de 33 años.
La vista se desarrolló en el Juzgado de lo Penal número 2 de la capital guipuzcoana. En presencia del magistrado Santiago Romero, las partes escenificaron un acuerdo, solo en el ámbito de la responsabilidad penal, que ya había sido alcanzado semanas atrás, entre la parte acusadora -la Fiscalía, la Diputación y familiares de la víctima- y la defensa.
Donde no hubo consenso fue a la hora de fijar la cuantía indemnizatoria. El ministerio público demandó 100.000 euros, en tanto que la acusación particular reclamó 136.500. Las compañías aseguradoras, sin embargo, se opusieron.
El desacuerdo en este sentido obliga al magistrado a dictar una sentencia y a establecer la suma con la que la familia del fallecido debe ser compensada económicamente. El fallo se conocerá dentro de las próximas semanas.
El siniestro que acabó con la vida de Iñaki Alkorta Retegi, natural de Lasarte-Oria y domiciliado en Villabona, se produjo el 18 de septiembre de 2013, en las obras que se llevaban a cabo en la construcción de la autovía Beasain-Durango, un proyecto promovido por la Diputación. El camión que la víctima manejaba cayó por un terraplén y volcó. La víctima falleció sin que nada se pudiera hacer por salvar su vida.
Desde el primer momento, fuentes sindicales atribuyeron lo sucedido a un defectuoso funcionamiento del sistema de frenado del vehículo. Las posteriores inspecciones e informes periciales que elaboraron las autoridades en materia laboral confirmaron el defectuoso estado en que se hallaba el vehículo que la víctima manipulaba, además de otras circunstancias que les llevaron a apreciar indicios de criminalidad. Estas valoraciones condujeron a la Fiscalía a formular un escrito de imputación contra el gerente de la empresa por los delitos de homicidio imprudente y contra el derecho de los trabajadores.
Como consecuencia de este siniestro, la subcontrata Aballa terminó por ser despedida y la Diputación, entonces gobernada por EH-Bildu, impuso a la UTE-Lapatza, integrada por Moyúa y Antzibar, una multa de 1,6 millones, lo que constituía el 4% del presupuesto.
El accidente generó una fuerte controversia entre la Diputación y el sindicato ELA. La central acusó a los responsables políticos de dejación de sus funciones como garantes de la seguridad de un proyecto que la propia institución impulsaba.
Fuente: El Diario Vasco.
Tema: Riesgos Laborales.
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(Bilbao – Bizkaia)