Condenada la Seguridad Social
La afectada, a la que el fallo otorga una indemnización de 15.000 euros, denuncia que la imposición de la atención telefónica en la pandemia redujo al mínimo las citas a los vecinos de la isla
¿Qué es el estres laboral?
El estrés laboral es la respuesta física, emocional y cognitiva que surge cuando las exigencias del trabajo superan los recursos, capacidades o el control que tiene el trabajador sobre sus tareas.
Se desencadena por factores como sobrecarga de tareas, plazos ajustados y falta de apoyo o reconocimiento.
Protección psicosocial
Esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) es un punto de inflexión importante en cómo entendemos la responsabilidad de la administración pública respecto a la salud mental de sus empleados.
En esencia, el TSJC ha fallado a favor de una funcionaria del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), condenando al organismo a pagar 15.000 euros por daños morales.
Lo que hace este fallo es reconocer que la falta de personal en una oficina de Santa Cruz de La Palma no es solo un problema de gestión, sino un incumplimiento grave de las normas de prevención de riesgos laborales, específicamente en lo que respecta la salud psicosocial.
Sobrecarga laboral
La trabajadora, Iria Campelo, relata una situación de desgaste extremo.
Con la pandemia, la oficina se vio reducida a solo seis empleados, y cuando se intentó volver a la normalidad, la demanda de atención superó con creces la capacidad del personal.
El problema se agravó porque gran parte de las citas telefónicas provenían de otras islas, lo que saturaba un centro ya infradotado.
Cuando Campelo y sus compañeros intentaron señalar esta situación, argumentando que el volumen de trabajo estaba generando problemas de salud y tensión, se encontraron con un muro de resistencia.
La dirección, según ella, se limitó a indicar que eran «órdenes de arriba» y que no había margen para negociar.
Sanciones y demanda
Esta falta de respuesta y la presión constante llevaron a que, al intentar gestionar la carga de trabajo de manera más eficiente, fueran sancionados con suspensiones.
Campelo y otros compañeros decidieron emprender la vía legal, presentando una demanda que combinaba la vulneración de derechos fundamentales con el incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Su objetivo no era solo obtener una compensación económica, sino forzar un cambio estructural en cómo se gestionan los servicios en la isla.
La justicia responde
Inicialmente, un juzgado de primera instancia desestimó la demanda.
Su argumento principal fue que la sobrecarga laboral era un «problema estructural» derivado de la falta de presupuesto, y que esto no constituía una negligencia o una dejación concreta por parte del INSS
Sin embargo, el TSJC ha revertido esa postura. Los magistrados han sido claros al señalar que, aunque existan problemas estructurales en la administración, esto no exime al empleador público de su deber fundamental de garantizar condiciones de trabajo seguras.
No basta con tener documentos o cumplir formalmente; se requieren acciones reales y eficaces para prevenir el daño.
Sentencia clave
Esta sentencia es relevante porque establece que la exposición a riesgos psicosocial derivados de una sobrecarga laboral crónica en el sector público puede ser considerada una vulneración del derecho a la integridad física y moral, siempre que exista un incumplimiento preventivo real.
Desde la perspectiva de la defensa, este fallo abre una puerta importante.
Aunque la administración pueda alegar problemas de financiación o estructura, el TSJC está diciendo que esos problemas no son una excusa para ignorar el bienestar de los trabajadores.
Tensión laboral
Por otro lado, la victoria no es un final feliz para Campelo.
A pesar del fallo a su favor, su situación laboral sigue siendo tensísima.
Se queja de que la administración parece tener múltiples vías para desgastar a una funcionaria, y que el proceso legal ha sido agotador. Incluso después de la sentencia, percibe un trato hostil por parte de sus superiores.
El INSS, por su parte, ha respondido defendiendo que ha actuado conforme a la normativa y que se ha recurrido la decisión ante el Tribunal Supremo.
Condiciones dignas
Han mencionado que han implementado planes de refuerzo de plantilla en los últimos años, autorizando miles de plazas.
En resumen, este caso nos obliga a mirar más allá de los números y los presupuestos.
Nos recuerda que la dignidad y la salud de quienes sirven a la ciudadanía son un derecho protegido, y que la administración no puede esconderse tras la etiqueta de «problema estructural» para evadir su responsabilidad en la prevención de riesgos laborales.
Es un llamado fuerte a que las políticas de recursos humanos en el sector público se centren en la calidad de las condiciones, no solo en la cantidad de puestos creados.
Prevención – Vídeo: Estrés laboral